El cercamiento del predio avanza en los humedales del arroyo El Potrero y una guardia impide el acceso público a la orilla; mientras la intendencia sigue sin contestar pedidos de informes del Frente Amplio, el presidente de la Junta Departamental de Maldonado se comprometió a buscar datos.
Un grupo de vecinos de Ocean Park se movilizan para conocer los alcances de un barrio privado proyectado por el multimillonario brasileño Alexandre Grendene en sociedad con otro poderoso empresario, el argentino Sergio Groskoppf, junto al arroyo El Potrero.
La instalación de un obrador en la ruta 10, a la altura del aeropuerto de Laguna del Sauce, llamó la atención de los lugareños en enero, pero la preocupación se acentuó en febrero y marzo cuando comenzó a construirse una empalizada sobre las dunas hacia la desembocadura de El Potrero en el Río de la Plata.
El vocero vecinal Ricardo Soruhet relató a la diaria que estas obras fueron denunciadas al Ministerio de Ambiente, ya que “nadie cuenta con información” precisa sobre el proyecto ni se sabe si hay estudios ambientales sobre una zona “delicada”, donde se encuentran humedales de la Laguna del Sauce. Por el momento, no han recibido ninguna contestación de la cartera.
Preguntas sin respuesta
En vistas de esa situación, la agrupación vecinal se contactó con ediles de la Junta Departamental y con concejales del Municipio de Piriápolis, con jurisdicción en la zona. Uno de los que tomaron el caso fue el frenteamplista Joaquín Garlo, quien cursó dos pedidos de informes a la Intendencia de Maldonado (IDM).
Garlo planteó su primera solicitud a mediados de febrero cuando comenzó la tala de árboles en el padrón 31.394, ubicado en la ribera oeste del arroyo El Potrero, al sur de la ruta Interbalnearia.
Entonces, preguntó si existe un permiso para el fraccionamiento o si hay alguna gestión en trámite. También requirió información sobre permisos para la deforestación y solicitó a la IDM que, en caso de que los empresarios hayan procedido sin permiso, “instruya las sanciones pertinentes”.
El 18 de marzo, el edil frenteamplista cursó su segundo pedido de informes, a raíz de la construcción de “muros y cerramientos” reportada por los vecinos. Consultó “si existe tramitada o en trámite” una recategorización del padrón en cuestión y si existe un permiso de construcción o alguna gestión con ese fin.
Como tercer punto, preguntó a la IDM si “ha determinado la línea superior de la ribera del arroyo El Potrero, de conformidad con el artículo 36 del Código de Aguas”. De ser así, pidió que se le remitan los relevamientos gráficos del área.
Ninguno de los informes ha sido contestado por la IDM, dijo Garlo a la diaria esta semana. Ambos expedientes se encuentran en la Dirección General de Urbanismo, añadió.
Presidente de la Junta con vecinos
Paralelamente, este martes se presentó en el lugar el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Alexandro Infante, para conocer de primera mano la versión de los vecinos y confirmar el avance de las obras denunciadas.
Según Soruhet, Infante se comprometió a buscar el expediente del caso, ya que “nunca pasó por la Junta Departamental”. Ocurre que, según la agrupación, el padrón donde se proyecta el barrio corresponde a una zona rural, por lo cual los empresarios debían gestionar una recategorización -mediante un Plan de Actuación Integrada- antes de iniciar obras con vistas a urbanizar.
Los vecinos aspiran a que, cuando el jerarca oficialista consiga la información y confirme si se trata o no de un predio rural, pueda recibirlos en la Junta Departamental para intercambiar sobre el proyecto y habilitar la participación ciudadana en el caso.
Por lo pronto, a la “muralla de palos” que avanza sobre las dunas se sumó una guardia que impide a los vecinos de Ocean Park acceder a la costa del arroyo, donde habitualmente realizan actividades de pesca y esparcimiento.
“Ya no sólo nos preocupa el avance de maquinaria pesada y obreros en una zona sensible, según estudios del Centro Universitario Regional Este [CURE], sino también conocer cómo es el tema de las áreas del dominio público en la orilla del arroyo. Varios vecinos han tenido discusiones con la guardia”, lamentó Soruhet.
La sociedad entre Grendene y Grosskopf para desarrollar el barrio privado se conoció en agosto de 2023 a través de Correo de Punta del Este. Según el diario, los multimillonarios se proponen fraccionar predios de 750 metros cuadrados con destino a residencias de clientes uruguayos, fundamentalmente montevideanos.
La gestión de la costa
Un trabajo del CURE sobre manejo integrado costero aplicado a la cuenca baja del arrojo El Potrero advirtió, en 2017, sobre las “problemáticas socioambientales” del área y propuso medidas hacia un balance entre “intereses sociales, ambientales y económicos en la zona”.
Entonces ya se verificaba el relleno y desecación del humedal en Ocean Park con fines urbanísticos, poniendo en riesgo el ecosistema del lugar. “Es un hábitat de gran importancia para la alimentación y reproducción de aves acuáticas residentes y migratorias, y funciona como regulador de la dinámica hidrológica de la zona, reduciendo el riesgo de inundaciones”, marcaba el documento, al que accedió la diaria.
El estudio reconoció cuatro asuntos sobre los que enfocar las propuestas de manejo: fortalecimiento de la gobernanza, fomento de la integridad ambiental de la costa balnearia, conservación del arroyo y sus márgenes, y consolidación de una trama urbana de bajo impacto ambiental. También reinvindicaba la participación de la comunidad local en las políticas públicas para la costa.
Sobre esa base, para la agrupación de vecinos es fundamental que las autoridades informen cuáles son los planes para el lugar y escuchen sus inquietudes. Soruhet insistió en que esa zona de la cuenca debe contar con políticas de protección y estudios ambientales, aunque, viendo el trasiego de maquinaria pesada sobre las dunas, entiende que “no hubo prevención” y que “el daño ya está hecho”.
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• Fuente: La Diaria Maldonado
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