Un grupo de accionistas recurrió a la Justicia uruguaya para que intime al principal desarrollador del proyecto, Moisés Yellati. Exigen la convocatoria a una asamblea general extraordinaria y la designación de un interventor. La millonaria construcción está frenada desde 2019.
Si de lujo y confort se trata, Donald Trump y sus hijos supieron construir un emporio de la exclusividad y la sofisticación, con cientos de fabulosas construcciones en todo el mundo... Pero en la parada 8 de la playa Brava de Punta del Este el proyecto de 25 pisos y 160 departamentos frente al mar, cancha techada de tenis, varias piscinas y helipuerto, entre otros amenities de lujo, está completamente frenado. “Es un elefante blanco”, definió The New York Times.
La torre de forma cilíndrica y a medio levantar está estratégicamente ubicada sobre La Brava. Su construcción, según informaron en su momento fuentes de la empresa inversora, demanda una inversión de más de USD 150 millones. Cada departamento tiene entre 113 y 300 metros cuadrados, con un valor promedio que ronda los USD 6.000 por metro cuadrado. También hay unidades tipo penthouses, de más de 800 metros cuadrados.
En 2019 aseguraban que después de muchas dificultades, la Trump Tower se terminaría de construir a finales de 2020, cuatro años después de lo programado, pero eso tampoco sucedió.
Ante este panorama, según detalla El País, un grupo de accionistas pidió a la Justicia Civil uruguaya que intime al principal desarrollador del proyecto, Moisés Yellati, para que entregue “documentos e información societaria” por existir sospechas de que está intentando vaciar la empresa.
Yellati y Felipe Yaryura (que murió en 2018) idearon el proyecto en 2011, crearon una estructura societaria de tres cabezas y compraron el terreno en Punta del Este. Al año siguiente, la Organización Trump dio a conocer el contrato con los socios argentinos y anunció que la torre estaría terminada en 2016. El negocio se estructuró como el resto de los desarrollos inmobiliarios de la Organización Trump fuera de Estados Unidos: la empresa otorgó la licencia de uso del nombre “Trump” a cambio de una comisión de la venta de unidades.
Los hijos de Trump, Eric e Ivanka, viajaron a Punta del Este a principios de 2013 para la ceremonia de inicio del proyecto. Dos años más tarde, Eric regresó, en esta ocasión con su esposa Lara, para celebrar el comienzo de la construcción con una gran fiesta.
Y en 2019, con el desarrollo ya muy demorado, el hijo de Trump volvió a visitar Punta del Este. Allí fue recibido por los arquitectos de la construcción e hizo un recorrido en helicóptero que también comentó con la prensa local e internacional muy entusiasmado.
Ahora, sin respuestas, los inversores reclaman “la convocatoria a una asamblea general extraordinaria de accionistas de Barbra (la sociedad anónima que integran) y la designación de un interventor -veedor- judicial para presidirla”.
“Tal como se acordó desde un principio con los desarrolladores, el proyecto se iba a financiar mediante el aporte inicial de dinero realizado por los accionistas y con el dinero obtenido por la preventa de unidades a construirse y prometidas en venta. Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo por la errática gestión de los desarrolladores -representantes de las sociedades- que mal vendieron las unidades a precios por debajo del mercado y en cuotas de hasta 20 años en algunos casos”, expresa el grupo de accionistas en el escrito judicial al que accedió El País.
Y denuncian: “A su vez se realizaron negocios con el dinero de la sociedad que son totalmente ajenos a su giro como lo fue la compra de un porcentaje de las acciones de la sociedad Blodybir SA, sociedad propietaria del ‘fundido’ hotel El Campanario. Esta decisión es seriamente cuestionable, no solo por ser totalmente ajena al negocio de la sociedad, sino también porque es contraria a la preservación del capital accionario. Se trató de una maniobra que puede ser considerada al menos dudosa. Otros negocios fueron la transferencia de fondos a cuentas en el exterior, la compra de inmuebles en Punta del Este, etc.”.
Sostienen además que Yaryura y Yellati manejaron las tres sociedades anónimas formadas para el proyecto “en forma totalmente discrecional”, ya que “hicieron y deshicieron a su conveniencia, sin dar explicaciones a nadie y menos a los inversores que pusieron el dinero para que el proyecto se pudiera iniciar”.
Los inversores concluyen que “se encuentran con manejos anómalos, un proyecto frenado y dos sociedades -Barbra y Faroy- en riesgo de perder su patrimonio”.
El diario uruguayo detalla que los firmantes del escrito son titulares del 37,4% de las acciones de Barbra SA, cuya única actividad es ser propietaria del 48% del capital integrado de Faroy SA, que es la sociedad dueña del inmueble, y la encargada de gerenciar y ejecutar el proyecto. El restante 52% está en manos de Ateos SA. El directorio de las tres sociedades está integrado por Yellati y los herederos de Yaryura.
