Pocas decisiones personales tienen un grado de tanta importancia en la vida individual y familiar como la de optar por el desarraigo. Entonces, ¿por qué comenzamos a leer y escuchar en forma reiterada que muchos argentinos, emprendedores, individuos de medio y/o alto patrimonio han decidido o están analizando irse del país? ¿Son oportunistas? ¿Egoístas? ¿Infames traidores a la Patria? No lo parece.
Impuestos cada vez más asfixiantes, hostilidad hacia las empresas, los empleados calificados, los emprendedores, los CEOs, los “ricos” y, en general, hacia todos los que triunfan en sus trabajos o negocios, más otras tantas razones o quejas, explican esta fuga de nuestras fuerzas vitales hacia otros destinos, sumado a que esos destinos buscan atraer este tipo de agentes generadores y productores de riqueza.
El exceso de intervencionismo y gasto público está en la balanza que pesa sólo sobre las personas y las empresas privadas, lo cual acaba desalentando drásticamente la iniciativa y el trabajo individual, motores del desarrollo. Con un 40% del PIB en gasto público (según datos de Orlando Ferreres por el 2019, sin cuarentena), ¿cómo puede el sector privado aún soportar tanto peso?
El gobierno ha elegido la salida simple y respondió con aumento de Bienes Personales de 0,25% a 1,25%, sobrealícuota de 2,25% para bienes del exterior en 2019, el proyecto de Impuesto a la Riqueza en discusión en estos momentos en el Congreso con alícuotas de hasta el 5,25% sobre los activos externos (¿por única vez?), y los discursos sobre “solidaridad” y “progresividad fiscal” que implicarán nuevos impuestos o aumentos de los existentes y donde ya vemos asomar el impuesto a la herencia, esbozos de exit tax, sobretasa para pago de dividendos, para venta de acciones, títulos, etcétera. Todo esto sumado a que existen más de 160 impuestos vigentes.
Se ha instalado que el Estado es un mejor asignador de recursos que el mercado o la iniciativa privada, pero hemos visto que en nuestro país esa afirmación hasta ahora no ha quedado demostrada. De ahí la pregunta que vemos que se hacen muchos argentinos sobre que sentido tiene todo el sacrificio del trabajo y del ahorro. Y es donde aparece la tentación del exilio, tentación que surge cuando, entre otras cosas, los impuestos paralizan la actividad y socavan el ahorro.
La experiencia internacional
Gran parte del aumento de la presión fiscal surge (hoy) de la sobretasa de bienes personales por activos en el exterior y del proyectado impuesto a la riqueza que podría llevar a una carga fiscal agregada cercana al 10% anual sobre el capital. Una locura con rendimientos que en el mundo, en muchos casos, no llegan al 3% teniendo un perfil de inversión conservador o moderado. Evidentemente, no se tiene en cuenta o no se quiere analizar la experiencia internacional.
Una manera de predecir los posibles efectos de la irrazonable presión fiscal es mirar un país que intentó algo similar. Francia tuvo un impuesto sobre el patrimonio de 1982 a 1986 y nuevamente de 1988 a 2017. En 2016, se lo cobró a 351.000 hogares con activos personales de más de 1,3 millones de euros, con tasas progresivas del 0,5% al 1,5%.
El impuesto sobre el patrimonio en Francia Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), que fue aumentado por François Hollande en 2012 por la vía de eliminación de exenciones pudo haber generado solidaridad social, pero en la práctica fue una gran decepción. Los ingresos fueron insignificantes, sólo unos pocos miles de millones de euros en su punto máximo, menos del 2% de los ingresos totales de Francia por todos los impuestos.
¿Qué sucedió? Al menos 10.000 personas adineradas abandonaron el país para evitar pagar el impuesto; la mayoría se trasladó a la vecina Bélgica. Pero cuando estas personas se fueron, Francia perdió no solo sus ingresos por impuestos sobre el patrimonio, sino también sus impuestos a las ganancias y otros impuestos adicionales.
La medida terminó costando al gobierno francés casi el doble de ingresos que el total generado por el impuesto sobre el patrimonio. Cuando el presidente Emmanuel Macron puso fin al impuesto sobre el patrimonio en 2017 y lo reemplazó con el impuesto sobre los inmuebles, a partir de 2018, se consideró a la medida como meramente simbólica.
Otro experimento francés fue el “sobreimpuesto” a la renta, un impuesto del 75% sobre las rentas de más de 1 millón de euros. Introducido también por Hollande en 2012, este sobreimpuesto sumó al éxodo a más personas de medio y alto patrimonio. Uno de los casos más sonados fue el del actor Gerard Depardieu, que decidió mudarse a Bélgica, o el del empresario Bernard Arnault, presidente de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, y la amenaza a huelga de los futbolistas estrellas. El sobreimpuesto recaudó mucho menos que incluso el impuesto sobre el patrimonio: solo 160 millones de euros en 2014 y fue derogado dos años después de su adopción.
Los experimentos de Francia de gravar a los ricos a tasas muy altas no recaudaron mucho dinero y no resultaron políticamente sostenibles. La fuga de personas adineradas del país probablemente ayudó a reducir la desigualdad en el papel, pero no está claro que su partida haya dejado a Francia en una mejor situación en cuanto a la creación de una mayor riqueza social.
La elección del exilio.
Con una situación económica financiera que no es la de Francia de Hollande, con siete meses de cuarentena por el covid-19, estamos viendo que se ha generado en nuestro país una situación similar a la francesa del 2012, o aún peor. Las opciones que generalmente se barajan sobre la mesa son emigrar a Uruguay, por su cercanía y el tratamiento fiscal extremadamente atractivo con las inversiones en el exterior; Paraguay, por su bajo nivel de imposición en general y facilidad para la obtención de residencia legal y fiscal; España, por su régimen de no residentes por 5 años (Ley Beckham); Portugal por su régimen de Golden Visa; Italia por su tarifa plana fiscal de u$s100.000 anuales y Suiza por su régimen de lump-sum; incluso hasta el propio Estados Unidos, pero no esencialmente por su sistema tributario, sino porque en muchos casos hay argentinos que ya tienen una relación de negocios o inversiones reales en ese país.
De todos ellos, es indudable que Uruguay, por los lazos de hermandad, por historia, cercanía, conectividad, e histórica estabilidad, es la primera opción que surge. Con un condimento adicional no menor que no tienen las otras alternativas (quizás la excepción podría ser Paraguay) para aquellos que no tienen la suerte de contar con pasaporte europeo. ¿Cuál es? La posibilidad de obtener la residencia permanente por un trámite abreviado en menos de un año (hoy entre 3 a 6 meses), y no 5 años como en la mayoría de los países europeos o ciertas visas norteamericanas.
Con la obtención de la residencia permanente en Uruguay y la mudanza de la familia y construcción de centro de intereses vitales, ya estarían dadas las condiciones para proceder a dar la baja fiscal en Argentina.
Por supuesto, para no readquirir la residencia fiscal Argentina, el cambio de residencia debe ser efectivo, real. La mudanza tiene que ser con la familia, con escuelas en Uruguay, así como clubes, prepagas, tarjetas de crédito, trabajo, ingresos, impuestos, seguridad social, etc. En este sentido, la peor decisión que puede tomar un contribuyente argentino es darse de baja fiscalmente pero seguir viviendo en Argentina, ya que ello constituiría un fraude fiscal.
Un ejemplo de hasta donde pueden llegar las autoridades fiscales con recursos tecnológicos y dedicación, es lo que Hacienda hizo en España con Isabel Mebarak Ripoll, Shakira. La inspectora fiscal buceó en el día a día de la cantante en Barcelona para demostrar que no vivía en Bahamas sino en España, y que por ello debía pagar sus impuestos en España. Sabía que Shakira recibía clases particulares de francés, que su profesora de zumba se llamaba Betsie, que iba al peluquero dos veces por semana, y que sus gastos en El Corte Inglés, restaurantes y hoteles los pagaban sus asistentas con tarjetas de crédito. Hasta sabía que, cuando acudía a la clínica Teknon donde dio a luz a sus hijos, lo hacía bajo el pseudónimo de Sila Prieto.
¿Y como los recibiría Uruguay?
La Dirección General Impositiva es la autoridad competente a los efectos de la emisión de los certificados de residencia que acreditan la residencia fiscal en Uruguay. La Residencia fiscal puede obtenerse en Uruguay siempre que la persona verifique algunas de las siguientes causales:
- Presencia física de más de 183 días.
- Radicación de intereses vitales.
- Radicación de intereses económicos.
En este último caso, se considera que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando tiene en territorio uruguayo una inversión,en bienes inmuebles por un valor aproximadamente USD 1.600.000. Aquí, no es condición la presencia física efectiva de un número de días en Uruguay. O cuando la persona posee bienes inmuebles por un valor superior a aproximadamente USD 380.000, siempre que se realice a partir del 1° de julio del 2020 y se registre una presencia física efectiva durante el año civil de al menos 60 días.
Lograda la situación de Residente Fiscal Uruguayo, la persona deberá tributar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Desde 2011, las personas físicas residentes tienen gravados por el IRPF a la tasa del 12%, los rendimientos de capital mobiliario (intereses, dividendos, etc.) provenientes del exterior. Las demás ganancias, incluidas las ganancias de capital, quedan al margen de la imposición.
Por su parte, quienes originalmente son no residentes y se transforman en residentes tienen la opción de no tributar el IRPF por las rentas del capital mobiliario del exterior por el año en que se verifica el cambio de residencia fiscal y durante cinco años siguientes. Esto es lo que comúnmente la prensa denomina como “tax holiday”.
Adicionalmente, al amparo de la nueva normativa sancionada el 8 septiembre de 2020, las personas físicas que adquieran la calidad de residente fiscal uruguayo a partir del 2020 podrán optar por alguna de estas dos alternativas para los rendimientos de inversiones en el exterior:
(i) Quedar exonerados y no tributar el IRPF por el año en que se verifica el cambio de residencia fiscal y durante los diez años siguientes, pasando a tributar al 12% al finalizar ese período, ó
(ii) Tributar desde el año que se verifica el cambio de residencia fiscal a la tasa del 7% sobre intereses de préstamos y dividendos en el exterior. En síntesis, la carga fiscal del argentino residente fiscal uruguayo por sus inversiones en el exterior de Uruguay sería la siguiente:
- Impuesto al Patrimonio: 0%
- Impuesto a la Renta: 0% (6 / 11 años) ó 7% sólo sobre los rendimientos de capital sean dividendos o intereses de préstamos del exterior. Veamos este sencillo ejemplo para comparar la carga tributaria de Uruguay con Argentina sobre inversiones en el exterior asumiendo la opción del 7% ya que la de exoneración no necesita comparación.
¿Podemos evitar la salida?
No estoy tan seguro porque la obsesión por los impuestos contra los ricos ciega a los políticos, a la prensa y a la mayoría de la ciudadanía. Y la verdad es que nos distrae del problema real, que es la discusión sobre la razonabilidad y eficiencia del gasto público.
Por supuesto, la redistribución es, en algunas situaciones, una herramienta más para reducir las desigualdades, pero esquilmar a los pagadores de impuestos solo generará el aumento de la pobreza.
Argentina está empecinada en cobrar impuestos irrazonables a los más ricos y a los que generan riqueza. Como nunca antes lo ha hecho. ¿Por qué va a suceder algo distinto a lo que pasó en otros países con situaciones aún menos deterioradas? Obviamente: se van a ir. Y la consecuencia es simple: no se crearán empleos ya que no se pueden crear empleos sin empleadores.
