Tras exponer el “alarmante y llamativo” silencio de la Intendencia de Maldonado ante los reclamos de la comunidad y cuestionar “el método imperial” de los promotores del barrio privado, la organización ofrece un “espacio de diálogo” para dirimir el conflicto.
La Unión Vecinal de Punta Ballena (UVPB) entiende que los vecinos de la zona “están conmocionados” por los posibles impactos del “enorme” emprendimiento inmobiliario que promueve el multimillonario brasileño Alexandre Grendene en Ocean Park. Por eso, la organización eligió este caso para comenzar un ciclo de artículos sobre temas de actualidad, con vistas a producir contenidos para la discusión y el abordaje de conflictos en el territorio.
Bajo el título “¿Qué pasa en Ocean Park?”, los autores Osvaldo Rousseaux y Fernando Niggemeyer exploran algunas formas de este modelo de conflicto que, sostienen, parece repetirse en diferentes lugares del territorio departamental. Su análisis parte de la incertidumbre y los temores que se profundizaron en marzo pasado, cuando los desarrollistas comenzaron a construir una empalizada en la margen del arroyo El Potrero, que se extiende cada día un poco más desde la desembocadura hacia la ruta 10.
La ausencia de información oficial sobre el proyecto –ni los vecinos ni los ediles han logrado que la Intendencia de Maldonado (IDM) o el Ministerio de Ambiente respondan a su necesidad de saber qué alcances tendrá el futuro barrio privado– también llega a la UVPB, motivo por el cual su equipo de trabajo se excusó de emitir una opinión técnica al respecto.
Sin embargo, encuentran como “un factor determinante” que la mayoría de los conflictos vinculados con el desarrollo inmobiliario, el ambiente y el territorio en el departamento presentan una mecánica “dañina y nociva que deteriora la relación entre las partes”, es decir, la comunidad, los desarrollistas y las autoridades encargadas de aprobar y controlar los emprendimientos.
Mientras la comunidad se moviliza en busca de información y ya tiene un enfrentamiento con los desarrolladores, “la administración pública se mantiene en un silencio que, a esta altura, es alarmante y llamativo”, observan los autores. “Está claro que existe una ruptura en la relación y la comunicación entre la administración pública y los vecinos en este caso, pero también la situación podría ser extensiva a los vecinos de Punta Ballena, Chihuahua y La Juanita, y cualquier otro sitio donde el desarrollo inmobiliario y la comunidad se encuentren enfrentados”, agregan.
El lenguaje del poder
“La mayoría de los desarrolladores actúan como si fueran conquistadores, hacen lo que tengan que hacer para cumplir sus planes y presupuestos, y como tales someten todo lo que se interpone en su camino incluso cuando sus acciones pueden generar efectos sobre el medioambiente. En algunos casos ponen cercas y guardias privados y dejan a los vecinos hablando solos al otro lado de la cerca”, reflexionan Rousseaux y Niggemeyer, para el caso de Ocean Park.
Añaden que esos términos, expresiones y procesos que se desprenden del “método imperial de los desarrolladores” son similares a los que utiliza la administración pública en algunos asuntos relacionados con el desarrollo inmobiliario y los vecinos. “Parece, entonces, que esa similitud es el lenguaje del poder expresándose”, advierten.
Luego plantean que los desarrolladores no llegan como buenos vecinos para integrarse a la comunidad: “No les interesa porque eso no es parte del negocio, ellos empujan hasta lograr lo que sea que quieren lograr”. Sin embargo, los autores remarcan que “la gente del barrio es amable y trabajadora”, e intenta que su vida sea razonablemente buena. “Cuando alguien llega a la casa de enfrente cruzan, se presentan al nuevo vecino y se ponen a disposición. Los desarrollos inmobiliarios no hacen esto ni nada que se les parezca. Si bien esa actitud no viola normativa nacional y departamental, viola las normas de la gente de barrio en su relacionamiento”, apuntan.
Los vecinos como un estorbo
Rousseaux y Niggemeyer enfatizan que ni los desarrolladores ni sus asesores hablan con los lugareños. Mucho menos los escuchan, quizás porque hacerlo tiene “el grave riesgo” de comprender lo que les pasa, de entender su angustia y su incertidumbre. “No es una obligación legal escuchar al otro y entenderlo, pero en Ocean Park los desarrolladores no están hablando ni escuchando”, lamentan.
En su opinión, tanto los desarrolladores como la administración pública parecen ver a los vecinos como un obstáculo para el progreso: “Por eso los tratan como un estorbo, como a los árboles que estorban se los corta y a los humedales se los rellena, a los vecinos se los ignora o se los excluye”.
Los proyectos como el de Ocean Park se hacen sin que la comunidad tenga voz ni voto efectivos y de peso. En ese contexto, la UVPB insiste en marcar “el silencio” de la IDM, cuya comunicación con los vecinos es “pobre, deficiente y carente de todo contenido”. “Es evidente que la administración fogonea un desarrollo que a esta altura todos vemos como insostenible, que presiona sobre los habitantes hasta llegar, en algunos casos, a la humillación”.
Un espacio para el diálogo
“¿Es necesario que los vecinos deambulen como parias con sus reclamos sin obtener respuestas claras y definitivas sobre proyectos cuya información no sólo debería ser pública, sino estar al alcance de cualquier persona que desee acceder a ella de manera rápida y sencilla?”, cuestionan los autores.
Luego se preguntan por qué razón la información sobre este barrio privado no está disponible digitalmente. “La administración debe contestar de forma urgente y concreta, debe garantizar el acceso a la información y la documentación relacionada”, exhortan.
En su opinión, el intendente Enrique Antía debería convocar a los vecinos, mostrar los permisos del fraccionamiento y los detalles de las obras, además de tomar nota de los planteos y verificar las denuncias de los lugareños mediante inspecciones en el lugar. Para Rousseaux y Niggemeyer, esa sería la forma de “cerrar un capítulo” y habilitar a los vecinos que no estén conformes a iniciar las acciones administrativas o judiciales que crean pertinentes.
“Hoy los vecinos estamos enojados y frustrados, pero lo bueno es que todavía no odiamos a los responsables y hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”, dicen. También consideran que “someter a los vecinos a una política de hecho consumado produce una violencia irreparable que fractura su relación con la administración pública”, por lo cual la UVPB ofrece a las partes “un espacio de diálogo” y ser “moderadora” en el conflicto.
“Es probable que no logremos ponernos de acuerdo en todo, pero lograremos rescatar algo de nuestra humanidad, que es, en definitiva, lo único que no podemos negar que tenemos en común por sobre cualquier otra cosa”, concluye el artículo, que puede leerse en su totalidad en el Instagram de la UVPB.
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• Fuente: La Diaria Maldonado
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