Con el recambio de Gobierno se dispararon las consultas para escapar de la presión tributaria en aumento. Paraguay y Uruguay buscan atraer las fortunas locales, pero el Gobierno ya avisó que no les será fácil eludir las cargas.
Cuando la cuarentena todavía tenía vida, el diputado y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, sugería que “los argentinos tienen un PBI fuera del país” y que ese dinero tenía que volver a la economía local para propiciar una reactivación que necesitará una inyección genuina de capitales.
Sin embargo, el proceso de exteriorización de los activos está a la orden del día y el “Vasco”, a su vez, no parece haber convencido con la idea de impulsar un blanqueo al núcleo kirchnerista de la coalición de Gobierno que tiene a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la cresta del poder. Por el contrario, cada vez son más los argentinos que piensan trasladar sus fortunas fuera del país y evitar una presión tributaria que se verá incrementada.
Desde que Mauricio Macri dejó el poder en diciembre 2019, unos 5000 argentinos iniciaron averiguaciones para obtener la residencia fiscal en el Paraguay y el Uruguay, dos países cuyos fiscos tienen presiones tributarias menores respecto a la Argentina.
El viceministro de Tributación del Paraguay, Oscar Orué, confirmó a este portal que desde el recambio presidencial “se han radicado 4186 solicitudes de residencia fiscal por parte de ciudadanos argentinos, de los cuales 600 ya tienen el Registro Único de Contribuyente”, que es el equivalente al CUIT en la legislación guaraní. Para tramitarla, se exige depositar 5000 dólares en el sistema financiero local y declarar una actividad económica legítima.
El funcionario del gobierno paraguayo reconoció el creciente interés, teniendo en cuenta que ese país tiene una presión fiscal del 9,5% respecto a su PBI, cuando en la Argentina ronda el 30%. A su vez, el impuesto a la renta personal es sobre el 10% en general, y se cobra una tasa del 8% cuando los residentes distribuyen utilidades, mientras que los inversores extranjeros deben pagar 15% al girar las remesas fuera del territorio. Orué sostiene que en los últimos tiempos “hay un mayor dinamismo en el sector inmobiliario del Paraguay, con argentinos invirtiendo en desarrollos desde pozo”.
Meses atrás, el Congreso del Paraguay le pidió al Banco Central que flexibilice las condiciones para la entrada de dólares desde la Argentina y otros países vecinos, tras detectar con preocupación una caída del 50% medida en dólares de las transferencias que los paraguayos residentes en territorio nacional hacen a sus familiares, lo que amenazaba con afectar la balanza de pagos de ese país.
El otro frente por donde cada vez más argentinos buscan liberarse ante todo del pago del impuesto a los Bienes Personales es el Uruguay. Meses atrás, el flamante presidente oriental, Luis Lacalle Pou, lanzó un inédito raid mediático con entrevistas en los noticieros del prime time y reportajes en los principales portales de noticias para presentar el nuevo panorama de negocios de su país.
Llegado al Poder en marzo de este año tras vencer por una ajustada cifra en ballottage a la coalición de centroizquierda del Frente Amplio, Lacalle Pou se propuso en su quinquenio de gestión hacer que unos 100.000 argentinos radiquen sus fortunas en el Uruguay.
Para eso, el gobierno oriental propuso una flexibilización de los requerimientos para la radicación de los argentinos en aras de acrecentar las inversiones. Cualquier extranjero con una inversión en inmuebles por más de 370.000 dólares y una presencia efectiva en territorio uruguayo de 60 días en el año civil puede obtener los derechos económicos que rigen para cualquier charrúa.
Por otro lado, quien tenga una participación directa o indirecta en una empresa por valor superior a 1,5 millón de dólares y genere al menos 15 nuevos puestos de trabajo en relación de dependencia, a tiempo completo, en el año civil y sin afectar empleos en otras compañías vinculadas, podrá solicitar de igual modo la residencia.
Con estos requisitos, según consignó el semanario oriental Búsqueda, el consulado general en Buenos Aires ha tramitado en lo que va del año 800 solicitudes de argentinos, sin contar que otras tantas se vehiculizan a través de estudios jurídicos, o mismo en Montevideo.
La recorrida mediática de Lacalle Pou ni las acciones del nuevo gobierno uruguayo pasaron desapercibidas. El embajador argentino en la Banda Oriental, Alberto Iribarne, quien además es amigo del presidente Fernández, declaró en una reciente entrevista que la Argentina no se la va a hacer “fácil” a los que quieran aprovechar los cambios legales en Uruguay para “evadir o eludir impuestos”.
Esta semana, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sinceró la intención del Gobierno de gravar aún más a las personas físicas con mayores recursos en un proyecto de reforma tributaria que comanda el ministro de Economía, Martín Guzmán, y del que se esperan pronto novedades. La jefa del fisco dijo en un evento que “no se piensa en bajar impuestos, sino en gravar a los que tienen mayor capacidad contributiva”.
Frente a este escenario, la cuestión no pasa tanto por mudar el domicilio a otro país, sino por perder la residencia fiscal en la Argentina, explicó a Borderperiodismo.com el contador Santiago Sáenz Valiente, quien explicó que la AFIP estableció mediante la Resolución General 4670 las nuevas condiciones a demostrar para “darse de baja”.
Ante todo, el argentino que busque dejar de tributar en el país “debe demostrar que sus intereses económicos y vitales están afuera y si bien puede preservar bienes o negocios en el país, su importancia relativa debe ser menor respecto a su actividad en el exterior”; debe permanecer en forma continuada en el extranjero por un año, aunque puede tener presencias temporales de hasta 90 días, habiendo a la vez adquirido residencia migratoria permanente en otro destino. “El contribuyente debería darse de baja del club, la obra social, transferir los automotores a su nuevo lugar de vida y algunos otros indicadores que muestren una renuncia a fondo”, añade.
Lilian Franco, directora de Tax & Legal de PwC Argentina, y Eduardo Gil Roca, socio a cargo del área de esta consultora, también interpretaron que. si bien la ley del impuesto a las ganancias no hace referencia a este aspecto, también se perderá la residencia fiscal en Argentina al adquirir domicilio en un país con el cual se haya celebrado un convenio para evitar la doble imposición, en cuyo caso se recomienda obtener un certificado de residencia fiscal emitido por el fisco extranjero.
Franco y Gil Roca subrayaron que entre los beneficios de la pérdida de residencia fiscal en la Argentina es que los contribuyentes “dejarían de estar gravados por los ingresos de fuente extranjera en el impuesto a las ganancias, y tampoco estarían alcanzados los bienes situados en el exterior por el impuesto sobre los bienes personales”. No obstante, aclararon, si bien algunos países como Uruguay poseen un impuesto sobre el patrimonio, los valores de los bienes para quedar sujetos al impuesto son más elevados que en Argentina y las tasas, menores; del otro lado del Río de la Plata, a su vez, no hay cargas sobre los bienes que los residentes tengan fuera de ese país.
