El Programa de Actuación Integrada Marina Beach, será un complejo turístico y residencial ubicado entre Balneario Buenos Aires y San Vicente.
La bancada del Frente Amplio en Maldonado y vecinos de la zona del Balneario Buenos Aires y alrededores, juntan firmas para derogar el decreto N.º 4056 que habilita la construcción de Marina Beach, un complejo hotelero y residencial sobre las dunas de la costa esteña. De este modo, el proyecto fue aprobado por la Junta Departamental del departamento —por mayoría de votos del Partido Nacional— y, también, por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, quienes apelan a juntar firmas para presentarlas en el Parlamento, sostienen que el impacto ambiental de la construcción será negativo e invitan a «defender» las playas y el patrimonio natural. La bancada de edilas y ediles del Frente Amplio en Maldonado presentarán una «acción judicial contra la Intendencia y Ministerio de Ambiente ante estos incumplimientos», dijo el edil frenteamplista Joaquín Garlo a Montevideo Portal.
En el predio se prevé construir 26 casas y un hotel que ocupan territorio de la faja de defensa de costa que, según el artículo 153 de la Ley N.º 14.859, se estableció en «defensa en la ribera del Océano Atlántico, el Río de la Plata, río Uruguay y de la Laguna Merín, para evitar modificaciones perjudiciales a su configuración y estructura».
El 15 de noviembre de 2019, la Intendencia de Maldonado comunicó al antes llamado Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (actual Ministerio de Ambiente), sobre el inicio de la construcción del Programa de Actuación Integrada Marina Beach (PAI) con el fin de realizar el trámite de aprobación de Evaluación Ambiental Estratégica, explica un documento del Ministerio de Ambiente al que accedió Montevideo Portal.
Tras devoluciones de la intendencia a la cartera, solicitudes y audiencias públicas el 13 de enero de 2022 el ministerio expresó: «Desde el inicio del trámite se observó en cuatro oportunidades que tanto la documentación presentada como la propuesta del IOT, o bien estaban incompletas o generaban dudas respecto de la sostenibilidad y viabilidad de la propuesta. A la fecha, muchas de esas observaciones siguen vigentes y no han sido levantadas por parte de la IDM.
«Cuando el expediente llegó a la junta advertimos que había una serie de irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente en materia territorial, razón por la cual solicitamos a la Comisión de Obras y a los ediles del Partido Nacional la posibilidad de tomar una semana más para estudiar y analizar el expediente», explicó Garlo. En esta línea, el político sostiene que en el documento, que tiene más de 1.200 hojas y «faltaban páginas y documentación», se propone un proyecto con «consecuencias irreversibles y catastróficas que el proyecto tendría para la dinámica costera». Además, aseguró que un estudio realizado por la bancada de su partido encontró 15 incumplimientos a la ley territorial, nacional y departamental, que «vician la aprobación del proyecto».
En consecuencia, diferentes organizaciones sociales, vecinos del departamento de Maldonado y expertos del Centro Universitario Regional Este (CURE) resovieron comenzar la recolección de firmas, una iniciativa que el Frente Amplio acompaña.
Por su parte, el Centro de Estudiantes de Licenciatura en Gestión Ambiental (CELGA), carrera universitaria que se dicta en Maldonado y Rocha, manifestó a través de un comunicado que «esta porción de territorio (franja costera) debe conservarse libre de urbanizaciones, a efectos de proteger la dinámica de la playa y su biodiversidad». Tanto el gremio estudiantil como el edil, sugieren que las oficinas técnicas del Ministerio rechazaron el proyecto.
Asimismo, este 30 de agosto la Red Unión de la Costa —integrada por más de 60 organizaciones civiles, vecinos, estudiantes de Canelones, Rocha y Maldonado— manifestó «profunda disconformidad con las acciones sistemáticas en relación a la gestión y control de la costa de Maldonado desde los diferentes ámbitos de decisión», en relación a la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Ambiente.
«Para este caso y en lo que compete al Ministerio de Ambiente, como se aprecia en la propia resolución del ministerio, son sus propios técnicos de la División de Desarrollo Sostenible y del área de Información Planificación y Calidad Ambiental, quienes establecen que no sería compatible este proyecto con la franja que quedaría disponible para construcciones al aplicar las restricciones y retiros de acuerdo a normativa vigente», agrega la red.
De la misma manera, Garlo calificó la decisión de la cartera ambiental como «un extremo curioso», ya que «todas las oficinas técnicas del Ministerio de Ambiente, sin expeción, informaron de manera negativa el proyecto» Así, mencionó que «a pesar de todos estos informes técnicos categóricos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, resolvió de forma afirmativa el proyecto».
La Evaluación Estratégica realizada por técnico del Ministerio de Ambiente señaló que en términos de biodiversidad el proyecto de la Intendencia «profundizó en un estudio de la vegetación pero no abordó una mirada de servicios ecosistémicos, tal como le fuera solicitado».
«Considerando la importancia de conservar esa porción del territorio libre de urbanizaciones por tratarse de un ecotono dinámico, evitando la continuidad de la trama urbana costera tal como lo recomiendan y lo mandatan estudios específicos y legislaciones vigentes respectivamente», los técnicos de la cartera ambiental denegaron la aprobación.
«La protecciónon del ambiente e interés general fue relegado para beneficiar un proyecto que, como el propio ministerio informa, implica al mediano y largo plazo la desaparición de la playa en el kilómetro 170 de la Ruta 10, en el paraje San Juan del Este, entre San Vicente y el balneario Buenos Aires», sentenció Garlo.
