“Lejos de ser un caso aislado, se inscribe en un conjunto de decisiones del gobierno de Maldonado que requieren ser analizadas y revisadas con la mayor responsabilidad”, dijo el frenteamplista en el Senado.
Mario Bergara, senador y precandidato presidencial del Frente Amplio, expuso en el Parlamento sobre las excepciones a la normativa edilicia concedidas por el gobierno de Maldonado al empresario argentino Diego Filkenstein para construir un hotel de campo en La Juanita, cerca de José Ignacio.
El legislador remarcó que se trata de un establecimiento de 3.344 metros cuadrados que “se proyecta dentro de la faja de defensa de costa” del citado balneario de Maldonado. Tras recordar que esa faja se definió para “evitar modificaciones prejudiciales a su configuración y estructura” y para proteger “los componentes vulnerables del espacio costero”, el senador advirtió sobre las consecuencias de no acatar esa disposición.
Dijo que el resultado de ocupar ese espacio puede observarse en las construcciones realizadas en “playas y barrancas” de Canelones, Maldonado y Rocha, por mencionar sólo la costa este. A su juicio, es necesario “recuperar la opinión de los actores que sostienen que el proyecto no es viable” y que “no puede ser aprobado por la violación de normativa que representa”.
Más beneficios que exigencias
Bergara también remarcó que en el expediente del caso no hay estudios favorables a la construcción en “una zona de tan especial protección” y que “ni siquiera se mencionan los requerimientos de demarcación de la línea de máxima creciente, ni la necesidad de estudio de impacto territorial por ser una zona de protección del borde costero del frente marítimo”. Tampoco se establece “la exigencia de tramitar el estudio de impacto ambiental ante el Ministerio de Ambiente”, añadió.
En su opinión, “las restricciones administrativas son condiciones o cargas legales que reducen la amplitud del derecho de propiedad para atender necesidades generales, pues la defensa de costas es una norma de interés general”. No obstante, lamentó que las autoridades de la Intendencia de Maldonado hayan expresado que la obra es viable “en los términos planteados por la solicitante al amparo de valoraciones que han sido contradichas reiteradamente”.
El senador también cuestionó al gobierno departamental por “exonerar” a los desarrollistas del pago correspondiente a la valorización del inmueble que se genera con la excepción a la normativa.
“La excepción beneficia solamente al propietario, pero los impactos ambientales de la construcción y los efectos del aumento del nivel del mar nos comprometen a todos. ¿Qué haremos como sociedad con esos impactos? ¿Serán reclamados al Estado o los costearán los propietarios con las ganancias generadas por la excepción?”, cuestionó.
“No es un hecho aislado”
Por último, Bergara recordó que su responsabilidad es “llamar la atención de la cámara y al Parlamento sobre este procedimiento con demasiadas respuestas pendientes y dudas claramente fundadas”. Algunas de esas dudas habían sido planteadas por la Red Unión de la Costa en enero pasado, cuando el caso estaba a estudio de la Junta Departamental.
Por eso, el legislador dijo que estará “expectante” ante las acciones del Ministerio de Ambiente y del gobierno en su conjunto con relación a un caso que “está lejos de ser aislado”. “Se inscribe en un conjunto de decisiones del gobierno de Maldonado que requieren ser analizadas, revisadas y sustanciadas con la mayor responsabilidad”, concluyó.
La viabilidad para la construcción del hotel fue aprobada con votos del oficialismo el 18 de enero pasado. Desde entonces, vecinos de La Juanita se organizaron para estudiar el caso y plantearon varios recursos contrarios al acto administrativo, además de movilizarse en la costa para dar visibilidad pública a la situación.
Junto a un representante legal y a otras personas allegadas a la causa, se han presentado 27 recursos objetando la aprobación del proyecto, dijo a la diaria el vocero de la agrupación vecinal, Isidoro Felcman.
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• Fuente: La Diaria Maldonado
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