Hace más de tres años la sociedad compuesta por un banquero argentino y algunos de los sucesores de don Antonio Lussich, presentó en el entonces ministerio de Vivienda, Orde-namiento Territorial y Medio Ambiente una solicitud de autorización ambiental previa.
El pedido de los propietarios del extremo sur de Punta Ballena de construir veintinueve edificios en ese lugar de la costa del departamento sigue sin ser respondido por el ministerio de Ambiente.
“Estoy preocupado por lo de Punta Ballena”, exclamó el entonces ministro Adrián Peña a un grupo de periodistas que lo esperaba a la salida de una reunión en la Torre Ejecutiva el año pasado. Ninguno de los cronistas le pidió que explicara el alcance de sus palabras por lo que Peña pasó a responder las preguntas sobre otros temas de la agenda de entonces. Un periodista de Correo de Punta del Este consultó por whatsapp a Peña si su preocupación estaba relacionada con el pedido de los propietarios de los padrones ubicados al sur de Punta Ballena para construir casi treinta edificios. El ministro ni siquiera tuvo la amabilidad de responder a esa consulta.
Desde hace más de tres años la sociedad compuesta por el banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González, uno de los principales accionistas del banco Macro, y algunos de los sucesores de don Antonio Lussich, presentó en el entonces ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una solicitud de autorización ambiental previa para la construcción de edificios en Punta Ballena. El pedido figura como “en estudio” en el recientemente creado Ministerio de Ambiente.
A modo de resumen, el citado pedido figura en el sitio web de la referida cartera ministerial: “El proyecto consiste en la construcción de 29 edificios con destino residencial, con sus servicios e infraestructuras asociados (incluyendo la construcción de 8 salones de usos múltiples – SUM y porterías), totalizando 320 unidades de vivienda”.
El resumen continúa:“La superficie total a ocupar en planta baja implica una impermeabilización del suelo del 33% respecto del total del predio del proyecto, siendo un 10% menor que el proyecto original (que ocupaba 40.582 m2). En cuanto a las tipologías de las viviendas, todos los edificios tendrán 3 o 4 niveles de altura (dependiendo del bloque), incluyendo apartamentos de 1 a 3 dormitorios.
La construcción se ejecutará en 6 etapas, que se ejecutarán en un plazo aproximado de 7 años”.
Trámite
El trámite se remonta a mediados de los años noventa cuando una parte de los sucesores de don Antonio Lussich reclamaron en la Justicia la devolución de una serie de padrones que habían sido tomados por la Intendencia de Maldonado.
Los predios reclamados formaban parte de la sucesión del pionero Antonio Lussich quien había adquirido un enorme campo de 1900 hectáreas delimitado por Punta Ballena y el arroyo El Potrero. Ese predio fue parcelado según el plano inscripto el 22 de marzo de 1944 en la Dirección General de Catastro. La mayoría de los padrones de ese enorme campo fueron vendidos por los sucesores salvo el predio del sur de Punta Ballena. Ese predio figuraba en el plano como“espacio público”pero nunca fue escriturado por el gobierno departamental. Se trata de varios padrones que conforman una superficie de once hectáreas, incluyendo, además, las grutas del lugar y la playa existente junto a ellas.
El 20 de octubre de 1961 el Concejo Departamental -encabezado por don Francisco Salazar y cuyo secretario general era el entonces funcionario Domingo Burgueño Miguel- estableció que el citado padrón se encontraba fuera del dominio público por lo que era de rigor la devolución a sus propietarios, los sucesores de don Antonio Lussich.
Expropiación
Sin embargo, el 13 de febrero de 1970 el intendente Gilberto Acosta Arteta dictó una resolución que dio inicio la expropiación del citado padrón por “razones de utilidad pública”. El gobierno de Acosta Arteta impulsó la construcción de un centro de entretenimiento nocturno y un parador diario en la denominada Gruta del Tigre. Ambos proyectos se concretaron y conformaron uno de los lugares referentes de la movida nocturna de los años setenta y ochenta.
Empero, llegó la dictadura y mediante la mecánica del instrumento jurídico denominado como “urgente toma de posesión del bien”tomó la posesión del lugar y de la propia gruta.
Además de la boite y del parador, los militares construyeron la ruta hoy conocida como “Carlos Paéz Vilaró” y el mirador ubicado en la parte sur de la península. La decisión de los coroneles fue seguida con un planteamiento en un juzgado de Maldonado. La citada sede judicial falló a favor de los militares e inclusive fijó los montos que debían recibir los sucesores como indemnización.
Empero, los sucesores de Lussich retrucaron y en 1995 apelaron a la justicia. En 1997, la entonces jueza titular del juzgado civil de 7º turno de Maldonado, Martha Chao de Inchausti, condenó a la Intendencia a devolver el predio e inclusive habilitó que el gobierno se llevara la ruta panorámica y el mirador. Lo explicó de una forma particular al facultar a la accionada a llevarse los “materiales de las mejoras útiles en cuanto puedan ser separados sin detrimento de la cosa reivindicada si el propietario rehúsa pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados”.
Juicio
El juicio en primera instancia fue caratulado “Hughes, Martha y otro c/ Intendencia Municipal de Maldonado, acción de reivindicación Fa. 116/95”- La Intendencia apeló el fallo de la jueza Chao Inchausti. A comienzos de este siglo, un tribunal de alzada y luego la propia Suprema Corte de Justicia, le dieron la razón a los herederos. El fallo fue tan contundente que el propio Carlos Páez Vilaró reveló a Correo de Punta del Este que su cama matrimonial había quedado cortada a la mitad.
Luego de los fallos a su favor, los sucesores negociaron con la intendencia una salida de consenso. El acuerdo alcanzado entre las partes determinó que la ruta Panorámica y el mirador quedarían habilitados al uso público. También quedaron liberados al público accesos hacia una y otra margen del predio. Asimismo, la Intendencia habilitó la construcción de un grupo de bloques de edificios aterrazados que no quedarán por encima de la línea de máxima altura.
Derechos comprados
Con el correr de los años, el banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González fue comprando los derechos de varios de los sucesores de Don Antonio Lussich. Así se llegó con el trámite judicial, el acuerdo con la Intendencia y con el planteo ante el Ministerio de Ambiente. Esto fue hace más de tres años. Pasó el primer ministro de Ambiente. Ahora se espera que la cartera se expida, por sí o por no.
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• Fuente: Diario Correo Punta del Este
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