La directora general de Urbanismo de la IDM, explicó que el decreto N° 4026/2020 “acompaña las iniciativas nacionales donde la Ley de Inversión redujo los montos y entró en un nuevo plazo de vigencia para quienes quieran construir”, por lo cual se otorgarán beneficios a quienes gestionen permisos de construcción o urbanización hasta el 21 de diciembre de 2021.
Laguarda explicó que “se exonerarán las tasas en el caso de los permisos de construcción y también las de fraccionamiento, siempre y cuando incluya una ejecución de obras viales”. Una vez finalizadas, las obras que “se presenten y gestionen al amparo de este decreto, por dos años, no serán aforadas ni incorporadas a la contribución inmobiliaria”.
En el caso de que corresponda el retorno por mayor valor, “estarán exoneradas en un 100%”. Por su parte, “las obras detenidas podrán solicitar la reválida y gozar de los mismos beneficios”, al tiempo que “los proyectos especiales que contaron con la anuncia del Junta Departamental también podrán solicitar esta reválida y se los remitirá nuevamente a ese órgano”.
Otro aspecto tiene que ver con las construcciones de viviendas permanentes en San Carlos, Maldonado, la periferia de Aiguá y Pueblo Obrero en Piriápolis. Sobre este punto Soledad Laguarda, indicó que “tendrán la posibilidad de pedir un aumento de los parámetros de ocupación y altura de hasta un 20%”.
Se trata de una iniciativa que “pretende acompañar el continuo crecimiento demográfico de nuestro departamento y el aumento del stock de vivienda en los cascos urbanos”, explicó la jerarca respecto a los alcances de esta iniciativa aprobada recientemente.

La directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado (IDM), Soledad Laguarda, explicó los alcances del decreto Nº 4026/2020 aprobado por la Junta Departamental que otorga beneficios a quienes construyan en el departamento. Las facilidades apuntan a viabilizar las inversiones en el sector y mitigar el impacto producido por la emergencia sanitaria.

Otorgarán estímulos fiscales para favorecer la construcción en Maldonado

Novedades

El gobierno de Uruguay que acaba de asumir asegura que su principal preocupación es la reactivación del mercado del empleo. Lo señaló el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía del vecino país, Azucena Arbeleche.
En ese contexto es que Uruguay, luego de varios años de estabilidad económica y crecimiento, busca atraer inversiones productivas, para lo cual modificó una ley esencial y flexibilizó los costos de la residencia fiscal.
El pasado 11 de junio Lacalle Pou firmó el decreto en donde flexibiliza aspectos para obtener la residencia fiscal. El primero es que el monto del valor de inversión en propiedades bajó de USD 1,7 millones a USD 380.000 y el tiempo de residencia requerido bajó de 180 días a 60 en un año. Pero el punto más importante es que en el caso de tener una empresa que se quiera radicar, en la previa a esta modificación el interesado tenía que hacer una inversión de USD 5,3 millones y ahora la nueva cifra es de USD 1,6 millones, pero se le agrega la condición de que tiene que garantizar 15 empleos directos.
En un contexto en donde la Argentina parece estancada y lista para encadenar otro año de recesión profunda, algunos empiezan a pensar en cruzar el charco y no sólo irse a vivir una temporada a Uruguay sino además radicar su compañía ahí.
El Ejecutivo envió ayer un proyecto de ley en donde se ajustan algunas normas al régimen de residencia fiscal, en particular, lo que refiere a la opción por el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) para los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior o lo que se conoce popularmente como “vacaciones fiscales”.
La norma actual establece cinco años de gracia para el impuesto de bienes personales, pero con la modificación enviada al Congreso, duplica las “vacaciones” y lleva el plazo de gracia a 10 años.
“No se trata del trámite migratorio, que es más complejo. Pero, si la persona solo tiene la residencia fiscal, entra en una situación denominada de doble residencia, y eso lleva a una regla de desempate ante la AFIP. Y este organismo lo que evalúa es dónde la persona tiene su centro de intereses vital, su facturación y dónde vive con su grupo familiar. Por esta razón, es mejor hacer el trámite migratorio, que te saca de la discusión con el fisco argentino”, señala el especialista tributario César Litvin.
“El concepto de vacación fiscal es muy conocido como para atraer inversiones a Uruguay. En ese sentido, lo que hizo el nuevo presidente es por un lado flexibilizar los requisitos para otorgar la residencia fiscal uruguaya, y una vez otorgada, el nuevo residente no pagará impuestos al patrimonio y a la renta por diez años. Un paquete de incentivos muy atractivos tanto para argentinos, principalmente, como para brasileños, que frente a esa situación se encuentran también interesados”, señaló Iván Sasovsky, del estudio Sasovsky y Asociados.
A la hora de explicar si un trámite como este es muy “engorroso”, el especialista tributario señaló que “hay trámites de presentación de documentación pero nada que impida hacerlo. Hay que tener en cuenta que la mudanza internacional, cuando hay un efectivo traslado, es muy difícil de impedir; si un contribuyente se va, su residencia cambia y por tanto su residencia fiscal debe acompañar esa mudanza”.
Este punto no es menor, ya que, como dijo Litvin y certifica Sasovsky, la Argentina y Uruguay tienen firmado un convenio para evitar la doble imposición, por lo que si hay una disputa entre ambos países por un contribuyente “el mismo puede decidir jugar con las reglas del desempate del artículo 9 del convenio, el que define la residencia para el país que posea el domicilio efectivo, por eso hablamos de la importancia de establecerse en el otro país si ese es el objetivo”.

El Ejecutivo mandó un proyecto de ley para duplicar la duración del beneficio de no pagar el impuesto al patrimonio y a la renta. El riesgo de la doble tributación.

Uruguay busca alargar a 10 años las “vacaciones fiscales” para extranjeros.

Los argentinos que quieran radicarse en Uruguay ahora deberán cumplir requisitos más laxos para obtener la residencia fiscal, luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou oficializara la flexibilización de las condiciones que deben cumplir las personas físicas extranjeras que quieran tributar en el país vecino.
A través del decreto 163/2020, que en sus consideraciones invoca la "política migratoria de puertas abiertas” y la "finalidad de promover la inversión extranjera”, las condiciones para obtener la residencia fiscal quedarán de la siguiente manera a partir del 1° de julio:
• La persona física deberán adquirir inmuebles por un valor de al menos u$s 375.700, suma aproximada al tipo de cambio actual, dado que la norma habla de 3,5 millones de "unidades indexadas" (UI). Antes era de u$s 1,7 millones.
• La persona deberá permanecer 60 días efectivos en Uruguay durante el año calendario.
• La residencia fiscal se podrá obtener también a través de inversiones directas o indirectas por más de u$s 1,61 millones (15 millones de UI). Se trata de una rebaja considerable, dado que hasta el momento la norma exigía el triple: u$s 4,8 millones. La inversión deberá generar, en términos netos, al menos 15 nuevos puestos de trabajo.
Lacalle Pou impulsará una iniciativa de beneficios tributarios para los extranjeros que obtengan la residencia fiscal. Entre los puntos destacados, prevé extender el plazo de la "vacación fiscal" para estos nuevos contribuyentes de cinco a 10 años, por lo que en ese plazo no pagarán el impuesto a las ganancias y a los bienes personales.
"Uruguay hace más fácil la residencia fiscal uruguaya en la medida en que se hagan las inversiones y entonces a partir de ahí se la puede obtener", señaló el tributarista Sebastián Domínguez, que destacó que muchos argentinos ya se radicaron en Uruguay en los últimos meses y aseguró que estos cambios habilitarán la posibilidad de emigrar a más personas de ingresos medios que lo estén considerando, en diálogo con El Cronista.
Además, Domínguez anticipó que el interés crecerá a partir de la proximidad de un nuevo incremento de la presión tributaria argentina con el avance del impuesto sobre los grandes patrimonios, que entiende como una carga extra sobre Bienes Personales. "Mucha gente eventualmente alcanzada tiene bienes en el exterior, y quizá mudándose al extranjero pagaría solo por los bienes que posea en Argentina", dijo.
Por su parte, el especialista en impuestos Iván Sasovsky coincidió en que las posibilidades son cada vez más atractivas y resaltó que estos beneficios prosperan en la medida que los residentes argentinos que hagan la mudanza internacional y que se establezcan en Uruguay.
"La mudanza les permitirá que mientras tramitan la residencia permanente en el vecino país, que los habilitaría a perder la residencia fiscal argentina, no se produzca una doble imposición. Algo que sin lugar a dudas va a medirse a la hora de decidir establecerse allá o no", explicó a este medio.
Por otro lado, el gobierno uruguayo instalará oficinas fast track en los consulados que tenga en el exterior, reportó el diario Búsqueda de Uruguay, en pos de acelerar el papeleo que requiere la obtención de la residencia fiscal.
Se trata de puntos administrativos que implementan sistemas de vía rápida, en procura de agilizar los trámites que deben hacer las familias extranjeras que quieran radicarse en Uruguay. No se limitarán a los países de la región, sino que buscarán captar a interesados de todo el mundo, indicó el medio uruguayo.
En cuanto al gobierno argentino, Domínguez consideró que las eventuales contramedidas que pueda tomar para evitar la emigración de contribuyentes argentinos difícilmente puedan tener efecto.
"En general, el que se va a vivir a Uruguay no se tiene que llevar una gran cantidad de capitales de Argentina. En realidad se muda con su familia y fija su residencia fiscal allá, seguramente su dinero ya lo tendría fuera de Argentina, por lo que no veo un movimiento de capitales. Si alguien tuviera que liquidar sus bienes en Argentina, puede ser, porque tal vez necesita ese dinero para hacer la inversión que le permita obtener la residencia fiscal uruguaya", señaló.
Y añadió: "Hoy la normativa permite si se tienen dólares en la cuenta bancaria transferirlas a cuentas del exterior. Si se limita eso, habrá que hacerlo a través de bonos y dólares contado con liquidación, que tendrá un costo más alto."
<h3>Cómo abandonar la residencia fiscal argentina</h3>
Argentina y Uruguay tienen firmado un convenio de intercambio de información tributaria que prevé evitar la doble imposición para aquellos contribuyentes que posean residencia fiscal en ambos países.
Es decir, los argentinos que se radiquen en Uruguay se adecuarán al sistema tributario uruguayo y no pagarán impuestos argentinos de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales. Este último se seguirá cobrando sólo si se mantienen activos en Argentina, pero solo por los que estén dentro del país.
El documento estipula que un contribuyente que posea residencia fiscal tanto en Uruguay como en Argentina tributará en la jurisdicción donde posea sus "intereses vitales". Esto es, sus relaciones personales y económicas estrechas.
• Si tiene una vivienda permanente en solo uno de los países, la residencia fiscal se fijará allí.
• Si tiene viviendas permanentes en ambos países, se evaluará donde están sus relaciones personales y económicas más estrechas. En caso de que las personales se concentren en un país y las económicas en otro, se priorizarán las personales. "Si el contribuyente se muda con la familia a Uruguay, se le otorgará la residencia fiscal uruguaya más allá de que conserve sus principales fuentes de ingreso en Argentina. Pero tiene que ser una mudanza auténtica", explicó Domínguez.
• Si viviera y mantuviera sus relaciones estrechas en ambos países, se fijará la residencia fiscal en el país del que tiene la nacionalidad. En caso de que el contribuyente tuviera ambas nacionalidades o ninguna de ellas, Argentina y Uruguay deberán ponerse de acuerdo.
Domínguez explicó que la evaluación sobre qué residencia fiscal corresponde podrá iniciarse luego de que el argentino interesado haga la inversión de u$s 1,61 millones o adquiera inmuebles por u$s 375.700 y permanezca 60 días en Uruguay, sin necesariamente esperar por la finalización del ciclo fiscal ni ningún plazo mayor.
"Cuando logra la residencia fiscal uruguaya, entonces en Argentina paga por los bienes que tiene solo en Argentina, pero ya no por los que están en el exterior. Además la presión tributaria en Uruguay es menor", indicó.
Sasovsky resaltó que estos beneficios operan de manera independiente a la cuestión migratoria, y pueden iniciarse a la distancia con la inversión, por lo que pueden ponerse en marcha desde la Argentina, y luego antes de fin de año poder cumplir los plazos mínimos de estadía exigidos", explicó.
Y agregó: "Los tramites migratorios que van por otra vía, suelen tardar entre ocho y nueve meses. Además estos sí implican un trámite presencial por lo que la pandemia hace más difícil esto.
Una vez obtenida la residencia fiscal en Uruguay o en otra jurisdicción, el contribuyente mantendrá la pérdida de la residencia fiscal argentina mientras tenga una residencia permanente en el exterior, que alude al status migratorio. También se pierde con la permanencia continuada en el exterior por 12 meses, no considerada interrumpida por ausencias temporales de hasta 90 días, consecutivos o no.
La norma que evita la doble imposición indica que cuando un contribuyente del sistema tributario uruguayo obtenga ingresos sujetos a gravámenes argentinos el fisco uruguayo deducirá del impuesto a las ganancias el monto equivalente abonado en Argentina.
Lo mismo está previsto para el impuesto sobre los bienes personales que se pague sobre activos argentinos en Argentina, pero en este caso la deducción no podrá superar lo que corresponda pagar sobre el impuesto al patrimonio en Uruguay.

El gobierno de Lacalle Pou oficializó la flexibilización de los requisitos para obtener la residencia fiscal en Uruguay. Cuáles son las vías para obtenerla y qué condiciones se deben cumplir para no abonar tributos argentinos.

Residencia fiscal uruguaya: las claves para obtenerla y evitar los impuestos argentinos

El artículo n° 1 del decreto fomenta la construcción de viviendas de entre 35 y 125 metros cuadrados y monoambientes de entre 25 y 40 metros cuadrados que cumplan con lo establecido en la normativa municipal de cada departamento; a su vez, se mantiene la obligación de que se construyan en zonas urbanas. Además, elimina el tope de 100 sobre la cantidad de viviendas promovidas, construidas, refaccionadas o recicladas que puede tener una empresa en el mercado.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión vinculados a la construcción, reciclaje, refacción o ampliación de viviendas son: la construcción de un mínimo de dos viviendas por obra; sobre reciclaje que implique el surgimiento de una vivienda adicional como mínimo; la refacción o ampliación de un mínimo de dos viviendas junto a una inversión mínima de 100 mil Unidades Indexadas (UI) por vivienda.
Por otra parte, en noviembre del año pasado, ante continuos planteamientos del sector empresarial, el Ministerio de Economía extendió el plazo de ejecución de las obras para todos los proyectos que se presentaron antes de culminar el 2019.
Por ende, se amplía el período para ejecutar obras, que de 36 meses pasa a 60 -desde el permiso de construcción- para obras nuevas, y a 48 para las que se reactiven. Asimismo, quedó establecida la posibilidad de realizar ampliaciones de proyectos ya promovidos de hasta un 30% de la inversión, mientras cumpla con el cronograma original, algo que no estaba en la antigua reglamentación.
Exoneraciones de tributos
En materia fiscal se mantienen beneficios tributarios a la construcción, reciclaje, refacción o ampliación, como también la exoneración de IRAE, Impuesto al Patrimonio, IVA, Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales y la exoneración del IRAE de las rentas. Según el decreto suscrito por el Poder Ejecutivo, “los estímulos fiscales son necesarios a los efectos de viabilizar las inversiones del sector”.
Para el IRAE se establecen las nuevas escalas para determinar la exoneración:
15% cuando el monto de la inversión se encuentre entre 60 millones de UI y 90 millones de UI (entre US$ 6,4 millones y US$ 9,7 millones aprox.)
20% proyectos de hasta 205 millones de UI (US$ 22 millones aprox.)
25% en las inversiones entre 205 y 287 millones de UI (US$ 30,8 millones aprox.)
30% proyectos que lleguen hasta 574 millones de UI (US$ 61,6 millones aprox.)
40% proyectos que superen una inversión de 574 millones de UI
Por su parte, en el caso de las exoneraciones de IVA, se extienden los créditos para adquirir bienes muebles exclusivamente destinados a las áreas de uso común, los que hasta el momento eran otorgados exclusivamente para adquisiciones de equipos, materiales y servicios destinados a la obra civil. La importación directa de la empresa beneficiaria estará exonerada de todo tributo.
Si el proyecto está ubicado en el departamento de Montevideo, se otorgará la exoneración del Impuesto al Patrimonio por el término de ocho años, y si el proyecto se ubica en el interior del país, esta será por un período de diez años.
Para todos los casos de las exoneraciones fiscales, los proyectos considerados deberán ser postulados antes del cierre de 2021 y la ejecución de las inversiones no se puede extender más allá del 30 de abril de 2025, señala el documento.
Beneficios para arrendatarios
Los proyectos de viviendas que tengan como destino el arrendamiento, la exoneración del IRAE de las rentas será según los siguientes lineamientos:
100% de las rentas generadas por el arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas que a tales efectos determine el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, o cuando el arrendamiento se efectúe a través del Fondo de Garantía de Alquileres del MVOTMA (FGA), u otras garantías de alquiler, siempre que cumplan con los mismos requisitos exigidos por el FGA.
60% de las rentas generadas por el arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas que a tales efectos determine el MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el decreto suscrito por el Poder Ejecutivo, “los estímulos fiscales son necesarios a los efectos de viabilizar las inversiones del sector”.
También se prevén beneficios tributarios a los accederán los que adquieran viviendas para arrendamientos según lo que establece el artículo n° 1 del decreto.
-Exoneración de rentas originadas durante el ejercicio en que finalice la obra y los nueve siguientes, a efectos del IRAE, del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes, según el detalle:
100% de las rentas generadas por el arrendamiento de las viviendas promovidas, ubicadas en las zonas que determine el MVOTMA, con la conformidad del MEF, o cuando el arrendamiento se efectúe a través del FGA u otra Garantía Habilitada.
60% de las rentas generadas por otros arrendamientos de viviendas promovidas.
Exoneración del Impuesto al Patrimonio por las viviendas adquiridas, del ejercicio en que finaliza la obra. Para los nueve ejercicios siguientes, dicha exoneración operará en cada ejercicio, siempre que en el mismo las viviendas hubieran estado arrendadas al menos por un período de seis meses.
Exoneración del IRAE sobre las rentas derivadas de las enajenaciones de viviendas promovidas que efectúen los fideicomisos financieros, siempre que las hayan dado en arrendamiento por un período mínimo de dos años. A estos efectos se requerirá que el inmueble haya sido adquirido por el fideicomiso en el período comprendido entre la fecha de registro de la obra ante el Banco de Previsión Social y el transcurso de 30 meses contados a partir de la misma.
Los fideicomisos financieros deberán emitir sus valores en la Bolsa de Valores habilitada, y además deberán tener cotización bursátil. Los beneficios otorgados a los arrendamientos solamente serán aplicables a las viviendas permanentes, siempre que los contratos tengan un plazo igual o mayor a 12 meses.
En febrero, inmobiliarias, constructores y escribanos respaldaron cambios en la Ley de inclusión financiera que prevé la LUC
El comunicado publicado el 10 de febrero por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) y la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) expresa que la ley de inclusión financiera “ha limitado la posibilidad de concretar negocios, acarreando con ello la reducción del mercado, menor trabajo para los operadores jurídicos, inmobiliarias, industria de la construcción, automotoras, entre otros”.
En dicho documento explicaban que la principal problemática se debe a la obligatoriedad para la compraventa de inmuebles, muebles y automotores por precios superiores aproximadamente a 4 mil quinientos dólares, transacciones que se deben realizar por intermedio del pago electrónico. En el comunicado aseguran que la ley promovida por el anterior gobierno “limitó la posibilidad de concretar negocios y afectó la economía”, debido a que “el dinero legítimamente generado, pero no bancarizado, solo se puede utilizar en montos mínimos”.
Por ese motivo, los firmantes respaldaron la propuesta de no obligatoriedad, incluida en ese entonces en el anteproyecto de la LUC que se mantuvo en el texto. La misma establece que “los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares, podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes, sin otras limitaciones” que las contenidas en la ley antilavado del año 2017, por lo que la nueva normativa habilita operaciones de hasta 100 mil dólares en efectivo. Actualmente la ley obliga a realizar pagos por medios electrónicos para todas las transacciones superiores a 40 mil UI, equivalentes a 4 mil dólares a mayo 2020.
Los representantes notariales, constructores e inmobiliarias indicaron que la “obligatoriedad de uso de determinados medios de pago”, en referencia a los electrónicos, “perjudica a todos los ahorristas”, y al mismo tiempo “burocratiza sectores de la población” que no estaban acostumbrados a operar con bancos.
Las entidades aclararon que “no promueven la realización de negocios en efectivo (ni los criminaliza)” sino que respetan “la libertad de cómo manejar el dinero legítimamente generado” y “la libre elección del medio de pago a emplear”.

El decreto N° 129/2020, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, modifica lo establecido en la ley n° 18.795 sobre promoción de viviendas sociales. La reglamentación promueve la construcción de viviendas y elimina ciertos topes.

Impulsan medidas para promover el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda

“En todos los casos el proyecto en su totalidad debe contar con al menos un 10% del área destinada al espacio común”, sostiene también el documento firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Esto implica también una flexibilización a la actual normativa, ya que se requería de un 20% del área destinada al espacio común, lo que para los inversores era considerado un porcentaje elevado.&nbsp;
Para la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) estos fueron dos de los aspectos más importantes del decreto que aún resta firmar por algunos ministros del Ejecutivo, además del aumento de los plazos.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En este sentido, el decreto incluye las inversiones con plazos de hasta 60 meses, después de otorgado el permiso departamental. Previo al decreto, los plazos iban de 36 a 48 meses. Como condicionantes, se estableció que los proyectos deberán ser presentados previo al 31 de diciembre de 2021 y que su período de ejecución de la inversión sea antes al 30 de abril de 2025.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto para incentivar los proyectos inmobiliarios de gran porte para la venta o el arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o  viviendas, bajando los requerimientos de inversión para acceder a exenciones fiscales a los US$ 6.4 millones aproximadamente (60 millones de Unidades Indexadas). Hasta el momento, la inversión debía ser de US$ 15 millones -en particular en Punta del Este- y de US$ 11 millones para Montevideo.

Bajan los requerimientos de inversión para acceder a exenciones fiscales

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